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juni 11, 2026
La discusión sobre el uso y composición de las municiones empleadas en el contexto de las protestas sociales en Chile ha sido un tema de preocupación y debate público en los últimos años. Varios estudios técnicos, análisis de ingenieros, médicos y criminólogos han arrojado luces sobre los materiales utilizados en las balas y perdigones lanzados por Carabineros, así como sobre las implicaciones de su empleo en situaciones de control de multitudes. Este artículo presenta una revisión basada en informes académicos, análisis técnicos y declaraciones oficiales, con el objetivo de brindar una visión clara y objetiva sobre el tema.
Los datos aquí presentados provienen principalmente de informes emitidos por la Universidad de Chile, declaraciones de representantes del Estado, testimonios de médicos y radiólogos, así como investigaciones de periodistas y académicos. A través de este análisis, se busca comprender la naturaleza de las municiones utilizadas, sus efectos en la población, y las implicaciones en términos de salud pública y derecho.
En Chile, durante las protestas sociales de 2019 y años posteriores, se han registrado múltiples incidentes en los que se han utilizado balas y perdigones como medio de control de multitudes. Estas municiones han sido objeto de análisis por parte de expertos en salud y criminología, quienes han destacado su composición y el impacto que generan en la población civil.
Según un informe de la Universidad de Chile publicado en 2019, los perdigones utilizados por Carabineros durante las protestas sociales contienen un 80% de plomo, silicio y sulfato de bario, y solo un 20% de caucho. Este hallazgo contrasta con las afirmaciones oficiales del gobierno y Carabineros, quienes insisten en que los perdigones son de goma. El informe fue solicitado por la Unidad de Trauma Ocular del Hospital del Salvador, encargada del tratamiento de los heridos derivados del uso de esta munición, la cual es responsable de múltiples lesiones oculares y de otras partes del cuerpo.
El estudio técnico realizado por los ingenieros Patricio Jorquera y Rodrigo Palma de la Universidad de Chile reveló una composición alarmante: el uso de componentes metálicos, como el plomo, en municiones supuestamente no letales. Esta composición aumenta significativamente el riesgo de lesiones graves, incluso fatales, especialmente en contextos donde no se garantiza una adecuada protección por parte de los manifestantes.
Los resultados del informe de la Universidad de Chile han sido confirmados por profesionales de la salud. Médicos especialistas en urgencia y radiólogos han destacado la presencia de plomo en los escáneres de pacientes heridos, lo cual respalda la evidencia técnica sobre la composición de los perdigones. Hasta el 15 de noviembre de 2019, se registraron 217 casos de daños oculares atribuibles al uso de estos elementos, mientras que otras 866 personas presentaron heridas en hospitales a causa de la misma munición.
Estos datos han llevado a críticas y denuncias por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha señalado que existen evidencias de que Carabineros ha utilizado balines de acero, lo cual no es compatible con las declaraciones oficiales. Durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Quito, Ecuador, el representante del Estado chileno, Mijail Bonito, negó categóricamente el uso de balines metálicos, afirmando que “Carabineros no usa balines de acero”. Sin embargo, el informe de la Universidad de Chile no apoya esta afirmación, lo cual ha generado controversia en torno a la credibilidad de las versiones oficiales.
Además, el general Enrique Bassaletti, representante de Carabineros, también negó públicamente el uso de balines de acero, afirmando que se emplean perdigones de goma. Esta postura ha sido cuestionada tanto por investigaciones técnicas como por testimonios de heridos. A pesar de estas contradicciones, el Estado chileno no ha proporcionado una explicación clara sobre el origen de los componentes metálicos presentes en las municiones utilizadas.
El análisis de las municiones también ha arrojado información sobre su origen y fabricación. Según investigaciones realizadas por CIPER, las municiones utilizadas por Carabineros son fabricadas por la empresa Tec Harseim, una compañía chilena con décadas de trayectoria en la producción de elementos de seguridad y defensa. Esta empresa, fundada en 1942, actualmente está liderada por los hijos de su fundador, los hermanos Harseim Hein, y en diciembre de 2017 registraba un capital de $1.300 millones.
Tec Harseim ofrece en su catálogo municiones antidisturbios, entre ellas los cartuchos de 12 mm con 15 postas de goma, los cuales han sido identificados en los suelos donde han actuado las fuerzas de orden público. Las investigaciones también revelan que las municiones utilizadas pueden tener origen tanto en Chile como en Italia. Esto ha generado preguntas sobre la regulación y control de las adquisiciones de armamento por parte de Carabineros, así como sobre la calidad y seguridad de las municiones utilizadas.
Un armero consultado, William Pereira, ha señalado que las municiones de múltiples postas no ofrecen una alta precisión, lo que aumenta el riesgo de impactos no intencionados. Además, ha expresado preocupación sobre el desconocimiento del efecto letal de estas municiones, afirmando que “no sabemos si el cartucho es letal o no”.
El tema de las armas y municiones no se limita al contexto de las protestas, sino que forma parte de una discusión más amplia sobre el control y regulación de armas en Chile. Según un artículo publicado en CIPER en 2022, la inscripción de armas particulares en el país ha aumentado cada año, al igual que el uso homicida de las mismas, el número de armas extraviadas o sustraídas, y el hecho de que muchas armas estén registradas a nombre de personas muertas o irreconocibles. Por otro lado, disminuyen los recursos destinados a la fiscalización y control del armamento.
Un investigador en el área de control armado ha señalado que la falta de institucionalidad efectiva en la regulación de armas en Chile es un problema crítico. Según sus análisis, es necesario implementar políticas públicas que permitan un registro más estricto de armas, mejor control de su circulación, y mayor fiscalización de su uso. Esto incluye la revisión de las leyes que rigen el porte de armas, la creación de mecanismos para detectar armas ilegales, y la formación de personal especializado para el control armado.
El autor del análisis también destacó la importancia de revisar los marcos legales relacionados con el uso de armas no letales en contextos de control de multitudes. En este sentido, se propone la creación de líneas de investigación sobre el impacto de las municiones y el establecimiento de estándares internacionales para su uso, con el fin de garantizar la seguridad de la población civil.
El uso de balas y municiones en contextos de control de multitudes no solo plantea cuestiones legales y éticas, sino también problemas de salud pública. Los datos sobre las heridas ocasionadas por estas municiones son preocupantes: desde daños oculares severos hasta lesiones en otras partes del cuerpo. Los médicos y radiólogos que atienden a los heridos han destacado la gravedad de estos casos y la necesidad de una mayor protección por parte de las autoridades.
El Hospital del Salvador, donde se atienden la mayoría de los casos relacionados con el uso de balas y perdigones, ha sido fundamental para el análisis técnico de las municiones. Este centro ha trabajado en conjunto con ingenieros de la Universidad de Chile para identificar la composición exacta de los elementos utilizados, lo cual ha permitido una evaluación más precisa de sus riesgos. Los resultados de estos estudios han sido esenciales para comprender el impacto real de estas municiones en la salud de la población.
Además, el uso de componentes metálicos en municiones no letales ha planteado cuestiones éticas sobre el derecho a la vida y a la integridad física. El informe de la Universidad de Chile ha generado un debate sobre la necesidad de revisar las normativas internacionales que rigen el uso de armas en contextos civiles y la responsabilidad del Estado en la protección de los derechos humanos.
La revisión de los informes y estudios disponibles permite concluir que el uso de balas y municiones en contextos de control de multitudes en Chile ha generado preocupaciones tanto en términos de salud pública como de derechos humanos. Los análisis técnicos han revelado que las municiones utilizadas contienen componentes metálicos que aumentan el riesgo de lesiones graves. Las contradicciones entre las versiones oficiales y las evidencias técnicas han generado cuestionamientos sobre la credibilidad de las autoridades en este tema.
El análisis institucional y criminológico también ha destacado la necesidad de mejorar la regulación y control del armamento en Chile. Se han presentado propuestas para fortalecer el marco legal, aumentar los recursos destinados a la fiscalización y garantizar un uso responsable de las armas. Estas medidas son esenciales para prevenir el uso inadecuado de municiones y proteger la integridad de la población civil.
Finalmente, el impacto en la salud pública es un aspecto que no puede ignorarse. Los datos sobre las heridas causadas por balas y perdigones son alarmantes, y la colaboración entre médicos, ingenieros y académicos ha sido fundamental para comprender el alcance del problema. El debate en torno a estos temas debe continuar, con el objetivo de garantizar la seguridad y los derechos de todos los ciudadanos.